Por qué hablamos de “demandas ridículas” y qué significan
Veo con frecuencia que el público confunde dos cosas: una demanda legítima por daño real y lo que la gente etiqueta como una “demanda ridícula”. En términos prácticos, llamamos así a reclamaciones que, por su planteamiento, su cuantía o su trasfondo, parecen desproporcionadas o carecen de una base causal clara. No siempre acaban desestimadas; muchas veces sirven para ilustrar cómo el sistema judicial permite que demandas insólitas lleguen a juicio.
En el lenguaje jurídico anglosajón aparece el término “tort”, que describe conflictos en los que una persona sufre un daño por la acción u omisión de otra. La reforma del derecho de daños —la famosa tort reform— busca limitar la litigación y reducir indemnizaciones que algunos consideran excesivas. Esa discusión está presente en todos los ejemplos que maneja la opinión pública cuando se citan los casos más llamativos.
Entre los casos que hemos revisado hay patrones recurrentes: confusión sobre responsabilidad, pruebas débiles, reclamaciones por daños no físicos o intentos de obtener compensaciones desmesuradas. Ejemplos concretos nos ayudan a entender mejor la mecánica: la caída entre espumas de detergente en una fuente pública, el accidente por un cable electrificado sobre un vagón de tren, o la famosa quemadura por café caliente son todos supuestos distintos que permiten analizar cómo el tribunal valora culpa, prevención y prueba.
Voy a usar esos supuestos como ejemplos para explicar cómo funciona la evaluación de responsabilidad, cuándo una demanda puede considerarse razonable y cuándo se interpreta como abuso del sistema. Mi objetivo es que, al terminar esta lectura, tenga criterios claros para evaluar por qué un caso provoca indignación pública y qué elementos técnicos realmente importan en una sentencia.
Cómo funciona el proceso: negligencia, causalidad y veredictos
El eje central de la mayoría de estas causas es la noción de negligencia: una parte afirma que otra no ha actuado con el cuidado que la situación exigía, y que esa falta de cuidado produjo un daño. En la valoración judicial entran dos preguntas principales: existió una obligación de cuidado y, si existió, ¿se incumplió de manera que causó el perjuicio?
La respuesta nunca es puramente binaria. Los tribunales suelen repartir la responsabilidad entre las partes cuando hay contribución propia al daño. Un ejemplo claro ocurre con la persona que entró en una fuente llena de espuma tras un acto vandálico: el jurado asignó un 70% de culpa a la ciudad y un 30% a la víctima. Eso muestra que, incluso cuando el daño parece absurdo en su origen, la valoración jurídica distingue grados de responsabilidad.
Hay otras variables que cambian el resultado: la previsibilidad del riesgo, la existencia de señales de advertencia, el deber de mantener instalaciones seguras y la conducta deliberada o fraudulenta del demandante. En el caso del vagón de tren, dos adolescentes entraron en propiedad privada y sufrieron quemaduras por un cable no aislado. El tribunal consideró que, aunque fueran intrusos, la ausencia de advertencias por parte de las empresas implicadas constituyó un riesgo grave y atribuible a los propietarios.
Cómo influyen las pruebas y la intención
El peso de la prueba es determinante. Un demandante debe probar que el acto u omisión del demandado fue la causa efectiva del daño. Cuando las pruebas resultan dudosas o contradictorias, el caso puede perder credibilidad.
También entra en juego la intención o la conducta dolosa. No es lo mismo un accidente fortuito que un intento deliberado de engañar. El episodio de la supuesta «uña en el chili» terminó con una condena por extorsión cuando se demostró la manipulación del hecho. Ese contraste ilustra que los tribunales penalizan el fraude y que una acusación falsa puede convertirse en causa penal además de civil.
Por último, existen remedios diferentes: compensación por gastos médicos, daños morales, y en ocasiones daños punitivos diseñados para castigar conductas especialmente reprobables. Sin embargo, los montos punitivos suelen ser revisados en apelación cuando se consideran desproporcionados con respecto al daño real.
Implicaciones prácticas para demandantes y responsables
Para quien reclama, conviene documentar claramente el vínculo causal: facturas, historial médico y testimonios coherentes. Cuando la parte demandada es una entidad (un ayuntamiento, una empresa de transporte, un restaurante), su deber de prevención y señalización toma gran relevancia.
Para responsables potenciales, las medidas preventivas —señalizar riesgos, mantener el equipamiento, verificar identidades al servir alcohol, ofrecer formación— suelen ser la defensa más sólida. En varios de los casos que revisamos, la ausencia de medidas básicas fue decisiva para la condena o para la magnitude de la indemnización.
En mi experiencia divulgadora, explicar estos matices reduce la sorpresa pública ante veredictos que, a primera vista, parecen incomprensibles: la ley evalúa pruebas, riesgos previsibles y conducta, no sólo la simpatía que inspire cada parte.
Aplicaciones y límites: cuándo una demanda protege y cuándo perjudica
Las demandas cumplen funciones importantes: reparar un daño, disuadir conductas peligrosas y obligar a responsables a asumir costes que motivan cambios. Por eso no podemos descartar de raíz una reclamación solo porque resulte llamativa. Algunos procesos han llevado a mejoras concretas: la instalación de vallas en una fuente pública tras un accidente o la obligación de señalizar fuentes de riesgo.
No obstante, cuando la litigación se usa como vía para obtener beneficios desproporcionados o como instrumento de extorsión, el efecto puede ser contraproducente. El caso de la falsa uña en el chili es un ejemplo extremo: la demanda generó pérdidas de imagen y ventas significativas, pero se demostró que era un fraude con consecuencias penales. Esa dualidad muestra el límite entre litigio legítimo y abuso.
Otro límite importante está en la asignación social del coste de las indemnizaciones. Indemnizaciones muy elevadas, especialmente las punitivas, alimentan debates sobre si es preferible imponer reformas legales que acoten demandas o mantener el acceso amplio a los tribunales. Yo observo que la opinión pública suele reaccionar con indignación ante sumas astronómicas, pero los tribunales, a la hora de aplicar la ley, siguen criterios técnicos que pueden no coincidir con la primera impresión mediática.
Cuando la demanda corrige conductas peligrosas
En varios casos examinados, la reclamación dejó huella preventiva: tras la caída en la fuente, se instaló una barandilla; tras un accidente grave en vía férrea, la obligación de advertir sobre cables electrificados cobró relevancia en la discusión pública. Esa es la cara útil del litigio: obligar a responsables a eliminar riesgos previsibles.
Además, la posibilidad de indemnización anima a propietarios y empresas a invertir en seguridad, señalización y protocolos, lo que reduce la frecuencia de accidentes evitables.
No obstante, esa corrección solo es legítima si la demanda se basa en hechos comprobables y en una relación causal demostrable.
Cuando la demanda es un abuso o un riesgo social
Existen situaciones en las que la litigación genera costes sociales sin mejora real: campañas mediáticas basadas en pruebas frágiles, demandas claramente especulativas o reclamaciones que buscan compensaciones desmesuradas. El juez que exigió millones por un cartón con un letrero generó un debate sobre proporcionalidad y ética profesional.
Además, los recursos judiciales limitados y el coste procesal hacen que litigios frívolos consuman tiempo y dinero públicos y privados, con efectos colaterales: mayor carga para tribunales y presiones sobre pequeñas empresas.
Por eso abogo por una respuesta equilibrada: tutela efectiva al perjudicado, pero mecanismos procesales que desalienten el fraude y la exageración.
Analogías sencillas para entender el fenómeno
Me gusta usar analogías para aclarar por qué casos idénticos pueden recibir tratamientos distintos. Imagine la vía pública como una carretera: si un ayuntamiento conoce un bache peligroso y no lo señaliza, y alguien sufre un accidente, la responsabilidad aumenta; si el peatón ignora una señal clara y tropieza, la culpa se reparte. La ley valora quién tenía la posición más razonable para evitar el daño.
Otra metáfora útil es la del deporte: hay reglas y árbitros. Una falta clara se sanciona; una simulación es penalizada si se demuestra. En los tribunales, la “simulación” equivale al fraude probatorio, que acarrea consecuencias civiles y penales.
Pienso también en la prevención como en un seguro. Las empresas que invierten en medidas básicas (señales, mantenimiento, formación) reducen la probabilidad de demandas y de daños. Cuando no lo hacen, la indemnización funciona como un corrector económico que restablece incentivos.
Estas imágenes no simplifican la complejidad judicial, pero ayudan a distinguir entre demandas que exigen reparación y las que buscan ventaja sin base factual.
Preguntas frecuentes
¿Qué convierte a una demanda en “ridícula”?
Popularmente se etiqueta así a una demanda cuando la pretensión parece desproporcionada respecto al daño, cuando la causalidad es tenue o cuando la reclamación persigue un beneficio evidente sin fundamento. Sin embargo, el veredicto final depende de pruebas y de valoración judicial.
En los ejemplos que hemos visto, algunas reclamaciones inicialmente ridículas resultaron en indemnizaciones porque había fallos claros en la prevención (por ejemplo, falta de señalización) o porque el daño fue real y grave. En otros casos, la demanda fue sancionada como fraude, con consecuencias penales.
Mi consejo: juzgar por titulares puede inducir a error. Comprender si hay una relación directa entre la conducta y el daño, y si existen medidas razonables que pudieron evitarlo, permite evaluar mejor si la demanda merece ser considerada seria o no.
¿Puede cualquiera presentar una demanda?
Sí: en sistemas con acceso amplio a la justicia cualquier persona puede presentar una demanda. Eso incluye reclamaciones sorprendentes —como la auto-demanda de un recluso— que un juez puede finalmente desechar por falta de fundamento o por improcedencia procesal.
No obstante, la admisión procesal y la evolución del caso dependen de requisitos formales y de la disponibilidad de pruebas. Si una demanda carece de base probatoria, corre el riesgo de ser archivada o de generar sanciones si se considera temeraria.
Por eso los abogados suelen valorar la solidez probatoria antes de presentar un pleito: es la barrera práctica que reduce las reclamaciones infundadas.
¿Las indemnizaciones enormes son comunes?
Los montos muy altos provocan reacciones públicas, pero en la práctica no son la norma. En los ejemplos que manejamos aparecen cifras llamativas —millones en algunos veredictos y cientos de miles en otros— pero también es habitual que las cantidades punitivas sean reducidas en apelación o que las partes lleguen a un acuerdo privado.
Además, la legislación y la interpretación judicial pueden limitar daños punitivos cuando su desproporción es manifiesta. Por eso es importante distinguir entre la cifra que se solicita en una demanda y el importe final que se termina cobrando.
En mi experiencia, centrarse en la causalidad y en la función reparadora de la indemnización ofrece una perspectiva más realista que quedarse con la cifra sensacionalista que aparece en titulares.
¿Qué consecuencias tiene presentar una demanda falsa o manipulada?
Si se demuestra que una denuncia fue fabricada —por ejemplo, fingir un objeto en un alimento— puede haber respuestas civiles y penales. El caso de la supuesta uña en un producto alimentario desembocó en condena por extorsión contra la demandante cuando se acreditó la manipulación.
Además de penas de prisión y multas, el autor de un fraude puede ser condenado a indemnizar por daños y perjuicios y quedar excluido de futuras reclamaciones en condiciones similares.
La lección práctica es clara: el fraude agrava las consecuencias; el derecho protege la reparación pero persigue y sanciona el engaño.
¿Qué pueden hacer particulares y empresas para reducir el riesgo de demandas?
Las medidas preventivas son sencillas y efectivas: documentar procedimientos, señalizar riesgos, mantener instalaciones, verificar identidades en el servicio de alcohol y actuar con diligencia ante avisos ciudadanos. En casos revisados, la falta de estas acciones resultó determinante.
Para particulares, conservar pruebas (facturas, fotos, informes médicos) y actuar con transparencia facilita una resolución razonable. Para empresas y administraciones, invertir en seguridad y protocolos de respuesta reduce tanto accidentes como litigios.
En definitiva, el mejor antídoto frente a demandas injustas es la prevención documentada y la conducta responsable; eso protege tanto a posibles víctimas como a posibles demandados.
